Pareja desde hace 12 años, Gaby y Andrea decidieron ser mamás. Gestada en el vientre de Gaby, la bebé nació en diciembre de 2019 en la ciudad de Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca. Así, conformadas en una familia lesbomaternal, se toparon con pared cuando acudieron al Registro Civil para registrar a su hija.
“No entendemos qué pasa, pagamos impuestos, tenemos las mismas obligaciones que las demás personas y sin embargo no respetan nuestros derechos“, expresa Andrea.
Si se compara con el caso de María del Refugio Cardona Gómez y Marlen Valenciano Morales en Aguascalientes, quienes durante cuatro años lucharon hasta lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Registro Civil de aquella entidad registrar a su hijo, la ruta para Andrea, abogada y Gaby, bióloga de profesión ha sido relativamente corta, pero no por eso menos discriminatoria.
Debido a la pandemia por la COVID-19, fue hasta el 22 de octubre del 2020 cuando acudieron a la instancia a solicitar el registro de su hija. Debido a la lesbofobia y prejuicios, tenían en mente que la respuesta sería negativa. Su sospecha no fue errada.
A través del oficio DRC/UJ/3020/2020, fechado el 26 de octubre del mismo año, la dependencia registral precisó que “no es procedente autorizar el registro de nacimiento de la menor, en los términos en que lo solicitan, en virtud de que no se hace referencia al origen biológico de la menor o en su caso que se acredite la imposibilidad del padre biológico para reconocer a su menor hijo, tratando de establecer de facto la afiliación de manera directa con persona distinta, lo cual va en contra del derecho a la filiación que tiene la menor y los derechos que emana del mismo”.
Para ambas, la respuesta del Registro Civil fue a todas luces discriminatoria, dado que en las parejas heterosexuales no es un requisito demostrar la filiación del bebé con la persona que se presenta a registrar como padre.
Es así que el 22 de noviembre interpusieron un amparo que llevó a que el 3 de diciembre, a regañadientes, fueran convocadas por el Registro Civil para realizar el proceso de registro en cumplimiento a la suspensión provisional. “Esperaremos la sentencia de la audiencia constitucional y si nos otorgan el amparo ya queda esta acta”.
“En lo que cabe nos ha ido bastante bien ya que hay resoluciones de la Suprema Corte, eso es lo que nos ha favorecido. Las instituciones deberían de tomar otro criterio, no ser tan cuadrados ya en base al avance social a los derechos humanos, fundamentales, ya no debería de existir este tipo de discriminación. Independientemente de edad, religión, sexo, preferencia sexual, somos seres humanos, ciudadanas, vivimos cumpliendo nuestras obligaciones y pagando impuestos”.
Desde el punto de vista social, la familia conformada por Andrea, Gaby y ahora su hija, se desarrollan en un ambiente amoroso, sin prejuicios o señalamientos, pues con el tiempo se ha ido respetando la diversidad de las familias.
Ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el Registro Civil es una de las dependencias que encabeza quejas y cuadernos de antecedentes por discriminación.
Datos proporcionados por el organismo autónomo que dirige Bernardo Rodríguez Alamilla, detallan que las violaciones más recurrentes durante el 2020 fueron dirigidas contra el derecho de las personas LGBTTI+, derecho a la identidad, y derecho a la no discriminación.
En los tres primeros casos la instancia involucrada fue el Registro Civil por no hacer el reconocimiento de la identidad de género de una persona; otro más por la dilación en el trámite de reconocimiento de género; y dilación en la actuación de datos en su acta de nacimiento que fue modificada debido a su identidad de género.
Otra de las instancias involucradas fue la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde la persona agraviada fue víctima de discriminación en su centro de trabajo debido a su orientación sexual.
Los dos expedientes adicionales fueron abiertos por los transfeminicidios de Giovanna y Shirly, competíos en este año mediante los cuales la DDHPO solicitó a las autoridades correspondientes como lo es la fiscalía que informe de manera precisa como se desarrollan estás investigaciones y bajo que óptica se están llevando a cabo.
“En los últimos meses hemos notado un incremento, tanto en discurso como en acciones muy particulares en contra de la comunidad LGBT que nos pone en una situación de alerta. Hemos abierto seis expedientes en esta lógica”, destacó el titular del organismo autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Actualmente -destacó- se está a la espera de la respuesta del Registro Civil ante la negativa a otorgar el registro de nacimiento a la bebé de una pareja lesbomaternal, quien tuvo que recurrir a un amparo para poder darle personalidad jurídica a su hija.
De 2015 a 2020 la DDHPO ha iniciado 16 expedientes y 9 cuadernos de antecedentes sobre quejas de miembros de la comunidad de la diversidad sexual.
Las autoridades señaladas van desde el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia del Estado, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ayuntamientos, Servicios de Salud y Registro Civil.
Información: La Silla Rota
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