A finales de marzo, Roberto Samuel Maldonado, de 67 años, comenzó a sentirse mal de la garganta. Un médico particular le recetó antibióticos y volvió a casa. A los pocos días, los síntomas empeoraron: no comía, la fiebre subía de 38 y empezaba a delirar. Su hija decidió llevarlo a un hospital a que le hicieran la prueba de Covid-19. Era jueves 2 de abril y les dijeron que los resultados no llegarían hasta la semana siguiente. Volvieron a casa pero Maldonado seguía empeorando. El viernes entró a urgencias con la capacidad pulmonar al 50%. Le subieron a planta con un cuadro de neumonía atípica y un pronóstico delicado pero estable. A la mañana siguiente no podía respirar. Le entubaron. Esa misma tarde, falleció en el hospital 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova, en el estado norteño de Coahuila.
Causa de la muerte a sábado 4 de abril: neumonía atípica. Causa a martes 7 de abril: covid-19. “Mi padre murió antes de que llegaran los resultados de las pruebas. Si no llegamos a ir antes a hacernos el examen al hospital del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar, la institución que centraliza los tests), el certificado de defunción había quedado como neumonía atípica”, explica por teléfono su hija, Ana Velia Maldonado, que desliza además la irregularidades de un hospital que ha sido uno de los focos de la infección con un brote masivo entre el personal que ha dejado por ahora más de una treintena de casos y tres muertes. “Los propios médicos se están contagiando por culpa de las autoridades”.
Desde Tijuana hasta la capital, las denuncias de casos similares −tanto de familiares de pacientes como de personal médico− se multiplican en México. Por falta de formación, protocolos o recursos, la neumonía, uno los efectos graves que puede desencadenar el virus SARS-Cov-2, acaba siendo considerada la causa de la muerte. Unos problemas que ilustran la precaria respuesta del sistema de salud y los agujeros del sistema oficial de contabilidad.
El llamado método centinela, implementado en 2006, funciona sobre todo por muestras y proyecciones. El sistema está en el centro del huracán de las críticas al Gobierno al salirse de la recomendación de la OMS de basar el conteo en un plan de pruebas masivas. El núcleo de los cuestionamientos se concentra en que al no hacer pruebas en gran cantidad, ni tampoco un muestreo que sea más representativo −el criterio es realizar exámenes sólo al 10% de los pacientes con síntomas leves y a todos los hospitalizados− será difícil saber cómo se comporta esta enfermedad nueva entre la población sin síntomas graves o asintomática.
Ante la presión, el propio subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, convertido en el portavoz del Gobierno ante la crisis, reconoció esta semana que el sistema tiene una alta cifra negra: por cada caso confirmado habría 8 personas contagiadas más. De este modo, aplicando la corrección a la medición, de los 3.844 casos registrados se pasaría a más de 30.000. El Gobierno mexicano insiste desde el inicio de la crisis que lo importante no es el conteo exhaustivo −“los casos son la unidad mínima de información”, ha dicho en más de una ocasión el subsecretario− sino la evolución de la curva que dibujan las estimaciones. México es uno de los países que menos pruebas hace en el mundo por millón de habitantes, solo detrás de India. López-Gatell, en todo coso, ha subrayado también que “para el 100% de los casos graves, y desde luego también los que fallezcan, habrá una prueba para el diagnóstico”
El problema es la velocidad y volumen de pruebas, que no llegan o llegan tarde. Incluso después del fallecimiento del paciente, como en el caso de Monclova. Desde la comisión para dar seguimiento a la crisis en México creada por la UNAM −integrada por un ramillete interdisciplinar de académicos− el biólogo Mauricio Rodríguez Álvarez, apunta que ”esto genera una cifra flotante entre los sospechosos, que con retraso se añadirán al apartado de positivos. Pero es que hay una limitación técnica: no hay reactivos suficientes en el mercado para satisfacer toda la necesidad de pruebas ”. Tras más de un mes rechazando la importancia de las pruebas, el Gobierno mexicano ya ha comenzado a bombear más material a los Estados, que irá ampliando hasta llegar a las 560.000. La presión de gobernadores y de los especialistas en salud, han hecho corregir sobre la marcha el rumbo a la Administración federal.
Información: El País